Anticipos para futuras capitalizaciones: una herramienta útil que exige orden societario, contable y tributario

Por: Juan Camilo Carrascal

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• ¿Qué son los anticipos para futuras capitalizaciones?

 

Los anticipos para futuras capitalizaciones son recursos entregados a una sociedad, normalmente por sus socios o accionistas, con la finalidad de que en un momento posterior sean convertidos en participaciones de capital, como acciones, cuotas o partes de interés, según el tipo societario correspondiente.

 

Esta figura no se encuentra regulada de manera expresa en la legislación mercantil ni en la legislación tributaria colombiana. Su tratamiento se ha construido principalmente a partir de la práctica societaria, la doctrina de las autoridades administrativas y los marcos técnicos contables aplicables, como lo reconocen la Superintendencia de Sociedades en la Circular Básica Contable, numeral 3.7.1, y en el Oficio 220-046662 del 11 de marzo de 2024, así como la DIAN en el Oficio 1169 del 16 de enero de 2019. Por ello, su correcta implementación exige revisar la sustancia de la operación y no únicamente la denominación que las partes le asignen.

 

La particularidad de esta figura es que permite recibir recursos antes de adelantar la emisión de acciones, el aumento de capital o la reforma estatutaria que eventualmente sea necesaria. Por eso, debe distinguirse entre dos momentos: primero, la recepción del anticipo; y segundo, la capitalización efectiva de esos recursos.

 

La recepción del dinero no convierte automáticamente al aportante en titular de nuevas participaciones. Para que ello ocurra, la sociedad debe cumplir los actos societarios requeridos: aprobación del órgano competente, respeto de las reglas estatutarias, emisión o reconocimiento de las participaciones y, cuando corresponda, registro de la reforma o actualización de los libros respectivos.

 

Por lo anterior, para que la operación sea tratada de forma consistente como anticipo para futuras capitalizaciones, debe existir una relación clara entre la entrega de los recursos, el compromiso documentado de capitalizarlos y los actos posteriores que permitan convertirlos efectivamente en capital.

 

• No todo anticipo es capital.

 

Uno de los principales riesgos de esta figura consiste en asumir que basta denominar una operación como “anticipo para futura capitalización” para que tenga automáticamente los efectos patrimoniales o tributarios de un aporte de capital. Esto no es correcto.

 

La calificación depende de la sustancia de la operación. Si el documento que la soporta permite exigir la devolución del dinero, reconoce una obligación de pago a cargo de la sociedad, no establece un compromiso claro de capitalización o deja la decisión completamente abierta, la operación se acerca más a un pasivo o a una financiación otorgada por el socio o accionista.

 

Por el contrario, cuando existe un compromiso irrevocable de capitalización, esto es, cuando el acuerdo no da lugar a la devolución del efectivo recibido y la contraprestación será obligatoriamente la emisión o reconocimiento de participaciones, el anticipo puede reconocerse como una partida patrimonial mientras se emiten los instrumentos de patrimonio correspondientes. Este criterio corresponde al previsto por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Básica Contable, numeral 3.7.1, según la cual los anticipos para futuras capitalizaciones solo se reconocen como patrimonio cuando existe un compromiso irrevocable y la sociedad no está obligada a devolver los recursos, sino a emitir las participaciones respectivas. Si esas condiciones no se cumplen, la misma Circular indica que la operación debe reconocerse como un pasivo.

 

Así, la pregunta relevante no es cómo se denomina la operación, sino qué derechos y obligaciones genera. Si la sociedad debe devolver los recursos, existe una obligación que normalmente deberá reconocerse como pasivo. Si la sociedad no debe devolverlos y está obligada a emitir participaciones, la operación podrá tener tratamiento patrimonial mientras se formaliza la capitalización. En este mismo sentido, la Superintendencia de Sociedades, en el Oficio 220-046662 del 11 de marzo de 2024, al retomar el Oficio 220-024187 de 2023, señaló que la entidad receptora tiene dos alternativas frente a los asociados: si la entrega de recursos no es revocable, debe cumplir con la obligación de otorgar las participaciones; si la entrega es revocable, debe tratar los recursos como un préstamo. Por ello, la irrevocabilidad, la ausencia de obligación de reembolso y la obligación de emitir participaciones son elementos determinantes para diferenciar un anticipo con tratamiento patrimonial de una financiación o cuenta por pagar.

 

• Requisitos societarios.

 

Desde el punto de vista societario, los anticipos para futuras capitalizaciones deben analizarse a partir de los estatutos, el tipo societario y las reglas aplicables a la emisión o aumento de capital.

 

En primer lugar, debe revisarse si los estatutos regulan la emisión de acciones, el derecho de preferencia, las mayorías especiales, la posibilidad de excluir o renunciar al derecho de preferencia, la existencia de distintas clases de acciones o las condiciones para el ingreso de nuevos accionistas. Esta revisión es indispensable, especialmente cuando la futura capitalización pueda generar dilución para los accionistas actuales.

 

En segundo lugar, debe obtenerse la autorización del órgano competente. En términos generales, y dado que la operación puede impactar el capital social, la autorización debe provenir del máximo órgano social, salvo que los estatutos o la ley atribuyan funciones específicas a otro órgano para determinados actos. En dicha autorización debe quedar definido si el anticipo será revocable o irrevocable, sin que la sociedad pueda asignarle una u otra naturaleza de forma indiscriminada.

 

En tercer lugar, deben fijarse las condiciones de la futura capitalización. Esto incluye el monto recibido, la persona que entrega los recursos, el precio o fórmula de conversión, el número o criterio de determinación de las participaciones a emitir, la eventual prima de emisión, el plazo o condición para capitalizar y las consecuencias en caso de que la operación no se perfeccione.

 

También debe verificarse el derecho de preferencia. Si los estatutos lo prevén, la capitalización futura no puede desconocerlo, salvo que exista renuncia válida, exclusión aprobada conforme a las reglas aplicables o una estructura societaria que permita la operación sin afectar indebidamente a los demás accionistas.

 

Finalmente, debe distinguirse entre el anticipo y la capitalización efectiva. El anticipo permite recibir recursos de manera previa; la capitalización exige cumplir el procedimiento societario correspondiente. En sociedades por acciones, esto puede implicar reglamento de suscripción, emisión y colocación de acciones, actualización del libro de accionistas y demás actos aplicables. En otros tipos societarios, podrá requerirse reforma estatutaria o registro, según corresponda.

 

• Tratamiento contable.

 

En materia contable, la clasificación del anticipo depende de las condiciones sustanciales de la operación. La regla central es que la sociedad debe determinar si los recursos cumplen con la definición de pasivo financiero o de patrimonio, de acuerdo con los marcos técnicos contables vigentes.

 

Si existe un compromiso irrevocable de capitalización, el acuerdo no permite devolver el efectivo recibido y la contraprestación será obligatoriamente la emisión de participaciones, el anticipo se podría reconocer como un rubro patrimonial mientras no se hayan emitido los correspondientes instrumentos de patrimonio. En el mismo sentido, el Concepto 0311 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha señalado que, bajo NIIF para Pymes, el reconocimiento patrimonial exige atender la sustancia económica de la operación, lo que implica analizar si la entidad ha asumido o no una obligación presente de reembolso. Así, cuando los recursos recibidos no generan una obligación exigible de devolución y existe un compromiso claro, documentado y vinculante de emitir instrumentos de patrimonio, el anticipo puede clasificarse como patrimonio desde su reconocimiento inicial, aun cuando la emisión formal de las participaciones se realice con posterioridad.

 

Si esas condiciones no se cumplen, el anticipo debería reconocerse como pasivo. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando la operación sea revocable, cuando exista obligación de devolución, cuando el acuerdo sea ambiguo o cuando no haya un compromiso exigible de emitir participaciones. Esta conclusión también ha sido acogida por la DIAN en el Oficio 1169 del 16 de enero de 2019, al indicar que, por no existir una regulación tributaria específica sobre estos anticipos, su tratamiento debe seguir los marcos técnicos contables vigentes.

 

Esta regla evita una lectura puramente formal. No basta registrar la suma en una cuenta denominada “anticipo para futuras capitalizaciones”. La contabilidad debe reflejar la realidad económica y jurídica de la operación. Si la sociedad debe devolver el dinero, existe una obligación o pasivo con el accionista. Si no debe devolverlo y debe entregar participaciones, el tratamiento será patrimonial mientras se perfecciona la capitalización.

 

• Tratamiento tributario.

 

En materia tributaria, el análisis debe hacerse caso por caso. Como el Estatuto Tributario no regula de manera específica los anticipos para futuras capitalizaciones, el artículo 21-1 dispone que, en ausencia de norma tributaria expresa, se debe aplicar el marco contable vigente. En consecuencia, la DIAN, en el Oficio 1169 de 2019, estableció que el tratamiento fiscal de estos anticipos sigue el tratamiento contable.

 

Si el anticipo corresponde a un compromiso irrevocable de capitalización, no existe obligación de reembolso y la operación está debidamente soportada, no debería reconocerse a nivel fiscal como un préstamo, siguiendo el tratamiento de la norma contable. Bajo esta lógica, podría aproximarse al tratamiento previsto en el artículo 319 del Estatuto Tributario para los aportes a sociedades nacionales, siempre que se cumplan sus condiciones, particularmente en lo relacionado con la neutralidad fiscal del aporte y la determinación del costo fiscal de las participaciones recibidas por el aportante.

 

En cambio, si la operación es revocable, reembolsable o se comporta económicamente como una deuda, pueden surgir efectos propios de una financiación. En particular, deberá revisarse la eventual aplicación de intereses presuntivos en operaciones entre sociedades y socios o accionistas, conforme al artículo 35 del Estatuto Tributario, así como las reglas sobre subcapitalización (artículo 118-1), cuando haya lugar, y las implicaciones en materia de deducibilidad de intereses. En estos casos, los pagos asociados podrían generar ingresos gravados para el acreedor y gastos deducibles para la sociedad, sujetos al cumplimiento de los requisitos generales de causalidad, necesidad y proporcionalidad.

 

Cuando los recursos provienen de no residentes, además del análisis societario, contable y tributario, debe revisarse el régimen cambiario aplicable, especialmente las reglas sobre canalización, registro de inversión extranjera directa, reporte, registro sobre el endeudamiento externo y tratamiento de los recursos frente al Banco de la República. Asimismo, deberá evaluarse si existen implicaciones en materia de retención en la fuente y en la regulación sobre precios de transferencia, particularmente si la operación es clasificada como endeudamiento o si se generan rendimientos asociados a los recursos entregados.

 

• Riesgos frecuentes.

 

El principal riesgo consiste en que la sociedad reciba recursos bajo la denominación de anticipo, pero nunca formalice la capitalización. Aunque no existe una regla societaria general que fije un plazo único para todos los casos, la operación debe cumplirse conforme a lo pactado entre la sociedad y los aportantes. Mantener anticipos indefinidamente, sin cumplir las condiciones acordadas, puede generar controversias sobre su tratamiento a nivel tributario.

 

Otro riesgo relevante es modificar unilateralmente la naturaleza del anticipo. Si la operación fue pactada como irrevocable, la sociedad no puede convertirla por sí sola en revocable, registrarla como pasivo y devolver los recursos. Para ello se requeriría dejar sin efectos el acuerdo correspondiente, con participación de quienes intervinieron en la operación y conforme a las reglas societarias aplicables.

 

También pueden presentarse contingencias por afectación de los derechos de los demás accionistas. Si el anticipo se capitaliza a favor de una persona determinada sin respetar el derecho de preferencia, sin una renuncia válida o sin una exclusión debidamente aprobada, pueden surgir conflictos por dilución o por desconocimiento de las reglas estatutarias.

 

Adicionalmente, existen riesgos cuando los documentos societarios, contables y tributarios no coinciden. Por ejemplo, si el acta indica que el anticipo es irrevocable, pero la contabilidad lo registra como deuda; o si se pacta la devolución de los recursos, pero se presenta la operación como aporte patrimonial. Estas inconsistencias debilitan la posición de la sociedad frente a accionistas, entidades de vigilancia y control, autoridades tributarias y terceros interesados.

 

Cuando los recursos provienen de una persona que aún no es accionista, las precauciones deben ser mayores. La sola entrega de recursos no le otorga automáticamente la calidad de accionista. Por ello, deben regularse expresamente las condiciones del ingreso como accionista, la emisión futura, el precio o fórmula de conversión, el plazo o condición de capitalización y las consecuencias si la operación no se perfecciona.

 

• Conclusión.

 

Los anticipos para futuras capitalizaciones pueden ser una herramienta útil para financiar la sociedad y fortalecer su patrimonio. Sin embargo, su eficacia depende de la coherencia entre lo jurídico, lo societario, lo contable y lo tributario.

 

Para que la operación tenga un tratamiento patrimonial sólido, no basta con denominarla anticipo. Debe existir un compromiso irrevocable de capitalización, ausencia de obligación de reembolso, autorización societaria suficiente, respeto de los derechos de los asociados y un registro contable acorde con la sustancia económica de la operación. Si esas condiciones no se cumplen, la operación puede ser tratada como pasivo o financiación, con los efectos societarios, contables y tributarios que ello implique.